Un grupo de colectivos catalanes que finalmente se agruparían en una denominada Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS) interpuso en abril de 2012 ante la Fiscalía Superior de Cataluña una denuncia “contra quienes pudieran resultar responsables” de diversos delitos que reseñaban solicitando que se investigaran ya que a su juicio suponían “un atentado contra el derecho a la salud de la ciudadanía” así como por el hecho de que las medidas anti-crisis adoptadas tenían el objetivo real de favorecer a empresas privadas en las que altos cargos del Gobierno catalán tienen -o han tenido- puestos de responsabilidad. Citándose en (...)
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