Todas las vacunas -incluso las tenidas como más seguras- comportan un riesgo potencial para la salud y por tanto no es admisible que esa decisión se deje en manos de los gobiernos o de los médicos. Antes bien, el ciudadano tiene derecho a estar informado tanto de los beneficios como de los posibles riesgos. Y, por supuesto, tener la última palabra. Algo que, sin embargo, no ocurre siempre. Sumarios: La falta de información veraz es la causa de que muchas personas acepten vacunarse contra todo aquello que les recomiendan las autoridades, convencidas de que si lo dicen los expertos es (...)
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