¿Pretende la industria farmacéutica imponer las vacunaciones manipulando a los jueces?

A comienzos del pasado mes de octubre dos niños del barrio de Albaycín en Granada contrajeron el sarampión. Un mes después eran 36 los casos -casi todos en torno al Colegio Público Gómez Moreno– y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía decidió calificar la situación de “epidémica” y solicitar judicialmente la vacunación forzosa de aquellos niños a quienes sus padres no quisieran inoculársela porque los posibles efectos secundarios de la vacuna están científica y clínicamente constatados pero no así que prevenga la enfermedad. Finalmente ningún niño fue obligado a vacunarse contra la voluntad de sus padres pero la decisión de la Junta de Andalucía y del Juzgado de Granada que “ordenó” a los padres vacunar a sus hijos plantea una duda importante: ¿pretenden algunas “autoridades sanitarias” manipular a los jueces para instarles a decretar en el futuro vacunaciones masivas y obligatorias alegando peligros para la salud que en realidad no existen?